Eliminar tope de años de servicio: mala idea
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La comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados ha decidido acelerar la tramitación de una nueva iniciativa que busca eliminar el tope de 11 años de indemnización (un máximo de 11 sueldos) para los trabajadores con contrato que son desvinculados, establecido en el Código del Trabajo. Aunque en la última década varias propuestas similares no han pasado la revisión constitucional, el diputado impulsor de la actual -ingresada en noviembre pasado- sostiene que es necesaria para “modernizar” las relaciones laborales.
Curioso argumento, además de inoportuno, en vista del complejo escenario económico que espera al país en el corto y mediano plazo. Lo cierto es que el mundo del trabajo en el siglo XXI se encamina decididamente hacia esquemas de mayor flexibilidad tanto para empleados como empleadores. Justamente, la discusión moderna es cómo lograr que ello no sea sinónimo de desprotección laboral e inestabilidad en el empleo, pero ese es un objetivo que no se alcanzará introduciendo elementos que hacen más rígida la relación laboral, en lugar de más flexible.
En la práctica, eliminar el tope de años es un desincentivo a la contratación y al empleo duradero, ya que inevitablemente impone un costo considerable (y a la vez imponderable) a las empresas. Y además de que hoy existen “pocos trabajadores con muchos años de antigüedad en los trabajos”, como paradojalmente recalca el parlamentario, hacer más caro el despido tras un servicio prolongado es un aliciente para otras dinámicas de efectos mucho más complejos para el empleo, como la automatización, la digitalización, la externalización y, por cierto, la informalidad, entre otras.
Nuevamente, como en numerosas materias en los últimos cuatro años, los parlamentarios del actual Congreso parecen estar legislando con la mirada más puesta en las redes sociales y las encuestas, que en los intereses de largo plazo de sus electores. Es de esperar que la Legislatura que asumirá en marzo entienda mejor sus responsabilidades, así como la necesidad de reducir la incertidumbre de los actores económicos, en lugar de aumentarla.
